sábado, 1 de outubro de 2016

Responsabilidad y pena de muerte

Me declaro a favor de la pena de muerte.

Con sus asegunes,...

Un anarquista o socialista no debería de estar en favor de un castigo tan brutal y desmedido implementado por el Estado. Entre otras cosas porque suele ser un castigo que se aplica generalmente contra los más alienados de la sociedad y no cambia realmente mucho la distribución de los crímenes usuales. El castigo capital contra el criminal común es desmedido, incluso en casos de crueldad máxima por parte del perpetrador. Las petulantes y mercadológicas propuestas del asqueroso Partido Verde son ridículas, inaplicables, y poco sensatas. Un error en el juicio o una mala fe del juez contra un individuo resultaría en un homicidio legalizado. Y esto ha pasado ya suficientes veces como para no ser considerado como un argumento terminal. La comunidad internacional se ha movido en general en contra de la pena de muerte en más y más países por estas razones. 


Por lo tanto no es sensato pensar en pena de muerte por lo tanto para crímenes los siguientes: homicidio, secuestro, violación. Por mucho que nos repugnen, el menor error en la administración de justicia, muy humanamente falible, lo hace inaplicable. 

Hay una clase de casos en donde el perpetrador es, sin embargo, claramente visible al público, es unívocamente responsable, y sus actos no destruyen la vida o felicidad de individuos o familias, sino de poblados enteros, cientos, miles y tal vez millones de personas. Cuando el agente acusado no es un sicario o un criminal de calle, o miembro de una pandilla, sino la cabeza de una mafia, que da ordenes, se beneficia directamente en moneda y poder de sus actos, y dirige el terror, la tortura,  los asesinatos y la destrucción efectiva de la vida de sus semejantes en escalas que podríamos llamar comunales, es decir, de cientos o más individuos. En ese caso el sujeto responsable es un individuo tóxico que no merece perdón y no es necesario contener o reeducar para el bien de la sociedad. Debe ser eliminado. Esto es, en cierta forma, los razonamientos que las cortes internacionales efectuaron en el caso de los jerarcas nazis y otros criminales de guerra convictos.

Es decir: el castigo debiera ser proporcional al poder y responsabilidad del individuo: un mero agente que tiene poco poder excepto el inmediato (un asesino o violador) no es realmente tan peligroso como quién organiza que su acción sea sistemáticamente viable, que le ordene,  y que  le otorgue las herramientas para actuar. El segundo individuo tiene mucho más poder, y por lo tanto, merece mucho peores penas. Si el grado de su poder y responsabilidad pasara de cierto umbral (por ejemplo, del terror de una población de unos miles de personas), debería de ser juzgado para la pena de muerte. 

Y ahora el verdadero asegún: no estoy hablando exclusivamente de los capos criminales que se mueven abiertamente fuera o en contra de las leyes humanas (no hablo de "la ley", sino de cosas más elementales, como la compasión y el respeto por tus semejantes)... hablo de los funcionarios públicos y los grandes empresarios también, y casi cualquier figura pública que ostente en este sistema demasiado poder. 
Esta casta suele tener privilegios a lo largo y ancho del planeta que le permiten degradar o destruir la vida de comunidades enteras, y usan sistemáticamente su posición para hacerlo: el poder corrompe. México es un ejemplo muy claro de eso, donde la casta gobernante usa los mísmos métodos de control, represión y violencia que los capos criminales, para beneficio de su propia clase y de sus amigos los empresarios. 

Estas personas nos están torturando, violando y matando para beneficio personal, degradando la vida no de cientos de miles, sino de decenas de millones de personas. A los que se les oponen directamente les va aún peor, los que nomas estorbamos sólo somos controlados para la cuasi-esclavitud. Sus crímenes son comparables a los crímenes de guerra más sucios que podamos imaginar, y su acción abarca más generaciones. Y la mayoría de eso es "legal", porque ellos mismos definen lo que es legal y lo que no es.

En México (y en varios lados), el Estado y la grande empresa se han convertido en criminales y enemigos del pueblo. Exigo la posibilidad de aplicar pena de muerte a sus elementos funcionarios: presidentes, gobernadores, secretarios de estado, senadores, diputados, altos mandos de la policía y el ejercito, directores de empresas y accionistas mayoritarios, y por supuesto, capos del narco. 

Por supuesto que ellos no van a aprobar una ley que los haga susceptibles a tal castigo. Ninguna legislación lo podría hacer fácilmente, a menos que estuviera compuesta por santos. Una forma posible de asentar este precedente y legislación sería por un cambio violento de régimen que castigara a los elementos del sistema anterior y, después de sentar las leyes que permitieran que esto siguiera ocurriendo, renunciara inmediatamente al poder. Además, habría que formar un mecanismo de no-acumulación de poder perpetuo, ya que eso es lo que produce estos monstruos tan elevados. No soy suficientemente inteligente para dilucidar como serían esos mecanismos, pero estoy seguro que colectivamente podemos hacerlo, y sobre eso escribiré más adelante.

De momento los dejo con esa petición: aplicación pena de muerte para los altos funcionarios de cualquier instancia con poder, por abuso de éste poder o corrupcion (gobierno, empresa privada, medios de comunicación, instancias de salud, crimen organizado...) 











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